¿A partir de qué importe se considera delito fiscal en España?
El delito fiscal es una de las infracciones más graves en materia tributaria. No todos los incumplimientos con Hacienda llegan a considerarse delito: para ello debe superarse un importe mínimo de fraude. Conocer esta cifra, así como las consecuencias legales que implica, es clave para prevenir sanciones penales y estar al día con las obligaciones tributarias.
¿Qué es un delito fiscal según la ley española?
El delito fiscal está regulado en el artículo 305 del Código Penal español y se refiere a la conducta de defraudar a Hacienda ocultando ingresos, deducciones indebidas o cualquier otra acción destinada a pagar menos impuestos de los que corresponden.
No se trata de un simple error en una declaración, sino de una acción consciente y dolosa con la intención de engañar a la Administración Tributaria. Por eso, no todas las irregularidades fiscales son consideradas delito: muchas se sancionan únicamente como infracciones administrativas.
En resumen, se considera delito fiscal cuando el contribuyente, de forma intencionada, evita el pago de impuestos superando los importes que marca la ley.
Importe mínimo: ¿a partir de qué cantidad se considera delito fiscal?
El límite económico que marca la diferencia entre una infracción tributaria y un delito fiscal es de 120.000 euros defraudados por impuesto y ejercicio fiscal.
Esto significa que:
Si la cantidad defraudada es inferior a 120.000 €, se considerará una infracción administrativa y será sancionada con multas económicas, recargos e intereses.
Si la cantidad defraudada es igual o superior a 120.000 €, la conducta pasa a tener relevancia penal y se convierte en un delito fiscal, lo que implica la posibilidad de penas de prisión de 1 a 5 años además de multas económicas elevadas.
En casos más graves, cuando el fraude supera los 600.000 € o se utilizan sociedades interpuestas u otros mecanismos de ocultación, las penas son aún más severas y pueden incluir hasta 6 años de prisión.
Diferencias entre infracción administrativa y delito fiscal
Aunque ambas situaciones implican incumplir con las obligaciones tributarias, existen diferencias clave:
Infracción administrativa:
Se produce cuando el importe defraudado no alcanza los 120.000 €.
La sanción consiste en multas económicas, recargos e intereses de demora.
No hay antecedentes penales, ya que no se considera delito.
Ejemplo: declarar gastos deducibles de forma incorrecta que reducen el pago de impuestos en 20.000 €.
Delito fiscal:
Se da cuando la cantidad defraudada es de 120.000 € o más en un mismo impuesto y ejercicio fiscal.
Implica un procedimiento penal y puede conllevar penas de prisión además de multas.
El contribuyente adquiere antecedentes penales si es condenado.
Ejemplo: ocultar ingresos en el Impuesto de Sociedades que superan los 150.000 €.
Penas y consecuencias legales de un delito fiscal
Las consecuencias de un delito fiscal van más allá de la sanción económica. El Código Penal establece las siguientes penas:
Prisión de 1 a 5 años para el autor del fraude.
Multa de hasta seis veces la cantidad defraudada, lo que puede suponer importes millonarios en grandes fraudes.
Inhabilitación especial para obtener subvenciones o ayudas públicas, así como para disfrutar de beneficios fiscales o de Seguridad Social, durante un período de 3 a 6 años.
Además, si la cantidad defraudada supera los 600.000 € o el fraude se ha cometido utilizando estructuras complejas (sociedades interpuestas, paraísos fiscales, etc.), el delito se considera agravado y las penas pueden aumentar hasta 6 años de prisión.
En cualquier caso, el procedimiento penal por delito fiscal puede generar graves repercusiones para la reputación de particulares y empresas, afectando a su actividad profesional y financiera.
Ejemplos prácticos: fraude en IVA, IRPF o Impuesto de Sociedades
El delito fiscal puede presentarse en distintos impuestos. Algunos de los supuestos más habituales son:
Fraude en el IVA: una empresa que emite facturas falsas o deja de declarar ventas reales, generando un perjuicio a Hacienda superior a 120.000 €.
Fraude en el IRPF: un particular que oculta ingresos relevantes (por ejemplo, alquileres o actividades profesionales) y supera el umbral legal de 120.000 € en un ejercicio.
Fraude en el Impuesto de Sociedades: una sociedad que manipula su contabilidad, incluye gastos ficticios o crea estructuras artificiales para reducir el pago de impuestos, con un fraude superior a 120.000 €.
Conclusión: la importancia de la prevención y el asesoramiento legal
El delito fiscal es una de las infracciones más graves contra la Hacienda Pública. Conocer los plazos, las cuantías mínimas y las consecuencias legales es fundamental para evitar problemas que puedan derivar en sanciones millonarias y penas de prisión.
La mejor forma de prevenir un delito fiscal es cumplir rigurosamente con las obligaciones tributarias y contar con un asesoramiento legal especializado en derecho penal económico que garantice que todas las declaraciones e impuestos se presentan de forma correcta.
En Absia Abogados ayudamos tanto a particulares como a empresas a resolver dudas fiscales y a diseñar estrategias de defensa en casos de inspección o procedimientos penales por delito fiscal.
Relacionado: Delitos económicos