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Ser denunciado por un delito de agresión o abuso sexual es una situación extremadamente delicada. Las consecuencias legales pueden ser muy graves, pero es fundamental recordar que, en España, la presunción de inocencia es un principio básico del derecho penal. Es decir, toda persona denunciada tiene derecho a ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. En este contexto, contar con un equipo de abogados especializados en derecho penal es esencial para garantizar que se respeten tus derechos y se ofrezca la mejor defensa posible.

En España, la agresión sexual es uno de los delitos más graves y está tipificado en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (CP). Cuando una persona es denunciada por agresión sexual, enfrenta una serie de consecuencias legales que pueden variar en función de la gravedad de los hechos y las circunstancias que rodeen el delito. A continuación, exploraremos las principales implicaciones legales y las penas que contempla el Código Penal para este tipo de conductas.

La agresión sexual es cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona, lo que incluye una amplia variedad de conductas, desde tocamientos no consentidos hasta la violación, que en el derecho penal español se refiere a la penetración sexual sin consentimiento.

Es importante destacar que, tras la reforma del Código Penal en 2022 con la ley conocida como «solo sí es sí», se ha establecido que cualquier acto sexual que no cuente con el consentimiento explícito de la otra persona se considera agresión sexual.

Penas por agresión sexual

Las penas que puede enfrentar una persona denunciada por agresión sexual dependen de la gravedad del delito y de si existen agravantes. El Código Penal establece las siguientes sanciones:

La agresión sexual básica (artículo 178 CP) se refiere a los casos en los que se realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de una persona y la pena será de 1 a 4 años de prisión.

Para los casos en los que se emplea violencia o intimidación o la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad, pero no existe penetración, la pena establecida es de 1 a 5 años de prisión.

Cuando la agresión sexual incluye la penetración, se considera violación y las penas se incrementan significativamente. La ley establece una pena de prisión de 4 a 12 años.

El artículo 180 del Código Penal establece una serie de circunstancias que agravan la pena, tales como:

  1. Uso de armas o instrumentos peligrosos.
  2. Actuación conjunta de dos o más personas.
  3. Particular vulnerabilidad de la víctima (por ejemplo, menor de edad o discapacidad).
  4. Especial crueldad del agresor.
  5. Relación de superioridad o parentesco con la víctima.

Si concurre alguna de estas circunstancias, las penas pueden elevarse a 5 a 10 años de prisión para la agresión sexual básica y de 7 a 15 años de prisión en el caso de violación.

Si la víctima es menor de 16 años o una persona con discapacidad, el delito se agrava considerablemente. En este caso, el Código Penal contempla penas aún más severas, que pueden llegar hasta los 15 o 20 años de prisión en función de las circunstancias específicas.

Consecuencias adicionales

Además de las penas de prisión, las personas condenadas por agresión sexual pueden enfrentar otras consecuencias legales:

  1. Inhabilitación absoluta o especial: El condenado puede ser privado de ciertos derechos, como el derecho a ejercer determinados oficios o profesiones que impliquen contacto con menores.
  2. Medidas de seguridad: En algunos casos, especialmente si se determina que el agresor presenta un riesgo elevado de reincidencia, se pueden imponer medidas de seguridad adicionales, como la vigilancia policial tras la salida de prisión.
  3. Orden de alejamiento: En la mayoría de los casos, el condenado también puede ser objeto de órdenes de alejamiento o prohibiciones de comunicación con la víctima, que pueden extenderse más allá del tiempo de la condena.
  4. Indemnización: Además de las penas privativas de libertad, el condenado puede ser obligado a indemnizar a la víctima por los daños físicos y psicológicos sufridos.

Ante este panorama, es esencial contar con una defensa que analice minuciosamente todas las pruebas y circunstancias del caso. Las acusaciones por delitos sexuales suelen ser muy complejas, y no todas las denuncias llevan a una condena. Un abogado penalista especializado puede cuestionar la credibilidad de las pruebas, demostrar posibles contradicciones en el testimonio de la parte acusadora o presentar atenuantes que podrían reducir considerablemente las consecuencias legales. En Absia Abogados, nos especializamos en analizar todos los ángulos de la acusación para construir la mejor estrategia de defensa posible.

Es importante entender que, aunque las consecuencias legales de ser condenado por un delito sexual son graves, la acusación no equivale a culpabilidad. Con una defensa adecuada, puedes evitar consecuencias injustas y luchar por un juicio imparcial.

En Absia Abogados, tenemos experiencia en la defensa de clientes acusados de delitos sexuales y trabajamos para asegurar que cada cliente reciba un trato justo ante la ley, protegiendo sus derechos y su reputación.

Si has sido denunciado por un delito de agresión o abuso sexual, o conoces a alguien en esta situación, no esperes más para buscar ayuda legal. En Absia Abogados, somos expertos en derecho penal y te ofrecemos una defensa sólida para proteger tus derechos y asegurar que recibas un juicio justo. Contáctanos para recibir el apoyo que necesitas.

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